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La economía mexicana está creciendo a ritmo moderado, sustentada por un fuerte marco macroeconómico y por exportaciones sólidas asociadas con la profunda integración del país en las cadenas globales de valor. De acuerdo con un nuevo informe de la OCDE, ahora se requiere una nueva estrategia para estimular el crecimiento, reducir los altos niveles de pobreza y desigualdad, y mejorar el bienestar para todos los mexicanos.

En la más reciente edición del Estudio Económico de México de la OCDE  se analizan los vínculos entre el bajo nivel de vida y el estancamiento de la productividad, el deficiente rendimiento educativo, el débil Estado de derecho, los obstáculos a la competencia y la informalidad generalizada. En el Estudio se proyecta un crecimiento de alrededor de 1.6% este año y de 2.0% en 2020, en el contexto de una economía mundial en proceso de desaceleración y las crecientes tensiones comerciales que entrañan el riesgo de afectar la exportación, la inversión por parte del sector privado y las cadenas globales de valor.

En el Estudio, presentado en la Ciudad de México por Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, y Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, se plantea la necesidad de resolver la cada vez mayor brecha entre la economía más moderna y productiva del norte y el centro del país, y la economía más tradicional del sur, la cual constituye una fuente de desigualdad y pobreza a la vez. También se examina de qué manera la aplicación de las recientes reformas, mejoras institucionales y cambios al sistema tributario y de transferencias puede contribuir mejor a un crecimiento más incluyente y sostenido. (Lea el discurso completo del Secretario General aquí)

“La economía mexicana ha mostrado un buen desempeño en años recientes, pero ahora afronta serios factores adversos provenientes del entorno exterior, así como importantes retos estructurales en el interior del país”, comentó el Secretario Gurría. “La única respuesta posible es continuar diseñando y poniendo en marcha nuevas reformas para infundir confianza, mejorar la calidad de la administración pública, aumentar oportunidades, reducir la desigualdad y conformar una sociedad más fuerte y más incluyente para todos los mexicanos.”   De acuerdo con el Estudio, entre todas las reformas estructurales, la optimización de la calidad institucional aportaría los mayores beneficios en materia de crecimiento e incrementaría el impacto de todas las demás reformas de política. Es necesario completar la puesta en práctica de los recién creados sistemas anticorrupción a nivel nacional y local, y considerar al mismo tiempo la creación de un organismo anticorrupción especializado e independiente, tomando en cuenta la estructura federal de gobierno. Es preciso trabajar en garantizar la permanente fortaleza y autonomía de las nuevas autoridades de competencia y los reguladores sectoriales.

Se requiere una nueva reforma fiscal para mejorar la recaudación, limitar la evasión y garantizar el financiamiento de la inversión en infraestructura y las políticas para reducir la pobreza y la desigualdad. En el Estudio se sugiere que una reforma integral de la tributación y los subsidios debería procurar ampliar la base gravable del impuesto al valor agregado, al reducir exenciones y eliminar las tasas reducidas, al tiempo que se compensa a los hogares de bajos ingresos con subsidios focalizados. También se sugiere añadir una mayor progresividad al sistema del impuesto sobre la renta a las personas físicas, al implementar un umbral de ingresos más bajo para la tasa máxima, recortar más las deducciones fiscales y hacer un mejor uso de los impuestos prediales.  Se requieren esfuerzos constantes para reducir la duplicación de los programas sociales y de los beneficiarios, y a la vez ampliar la cobertura para las personas en condición de pobreza que no reciben aún los beneficios, se menciona en el Estudio.

Por otra parte, se requiere implantar reformas para disminuir la persistente alta informalidad en México, la cual limita el crecimiento de la productividad y la capacidad fiscal del gobierno de proporcionar y redistribuir los beneficios públicos. Un enfoque coordinado a la reducción de la informalidad mitigaría la carga administrativa de la actividad empresarial. La disminución de los costos del cumplimiento de las obligaciones fiscales, la reducción del costo de la creación de nuevos empleos y la baja de las aportaciones a la seguridad social por parte de los asalariados con ingresos bajos, se identifican como medidas deseables y factibles.

Un mejor rendimiento educativo ayudará a combatir la persistente desigualdad y a fomentar el crecimiento de la productividad. En el Estudio se sostiene que es preciso reorientar el gasto en este renglón a la educación de la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria, y redoblar esfuerzos para aumentar la capacidad de las escuelas ubicadas en zonas pobres y apoyar a los estudiantes de entornos desfavorecidos.

Integrar las cuestiones medioambientales y de gobierno metropolitano en la formulación de políticas puede mejorar mucho los resultados económicos y también los ambientales. Reformar la gobernanza de las grandes zonas metropolitanas permitiría a los gobiernos locales planificar el uso de suelo, el transporte público y la vivienda de manera integrada, impulsar la productividad y reducir los congestionamientos y la contaminación atmosférica, que afectan sobre todo a los hogares de ingresos bajos. 

En http://www.oecd.org/economy/mexico-economic-snapshot/ se presenta una panorámica del Estudio Económico de México y sus principales conclusiones.

Para más información, los periodistas pueden ponerse en contacto con Carolina Ziehl del Centro de la OCDE en México, o con Lawrence Speer (+33 1 4524 7970) de la Oficina de Medios de la OCDE en París (+33 1 4524 9700).

Trabajando con más de 100 países, la OCDE es un foro de política global que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de los habitantes de todo el mundo.